Autora: Alejandra Figueroa Fernández
Los procesos de transformación que requiere Chile a nivel institucional y social deben garantizar la transparencia, la gobernanza y la definición clara de nuevas regulaciones, en particular aquellas que rigen los recursos y el territorio, así como para cubrir las ausencias sobre el cuidado de la naturaleza, considerándola como un pilar sustantivo en la creación de nuevos escenarios sociales y económicos. Las prioridades en el marco del desarrollo económico y en particular de la reactivación, impone desafíos urgentes sobre las acciones globales y nacionales, y un elemento ineludible dice relación con la Constitución y leyes sectoriales.
La política, como instrumento para la creación de un nuevo trato social a nivel local, regional y nacional debe permitir la transformación positiva, aquella que permite la adaptación de diversos grupos sociales que conviven en el territorio, pero a la vez considerar que esa transformación debe, no solo ser adaptativa, sino cambiar abrir nuevas formas de hacer las cosas. No podemos continuar contraponiendo los compromisos ambientales y el desarrollo económico, un nuevo entendimiento y uso de la biodiversidad es preciso. Y así lo plantea el economista Karptha Dasgupta, “Nuestras economías, medios de vida y bienestar dependen de nuestro activo más preciado: la naturaleza”, quien lideró el Reporte The Economics of Biodiversity, un informe para el Tesoro de Reino Unido.
Iniciemos entonces, por acordar esta nueva forma de usar la naturaleza en la Nueva Constitución, comprendiendo el marco territorial, económico y ambiental. Lo territorial, relacionado a la ocupación de los espacios físicos, tanto rurales como urbanos, en un proceso de modificación permanente. Esto genera oportunidades, pero también inequidades y brechas, que han consolidando modos de uso del suelo, los bosques y ríos de forma insostenible, exacerbando la fragmentación de ecosistemas y paisajes y consecuentemente, del tejido social.
El Estado abandonó su rol principal, que es organizar una política de desarrollo económico y social en equidad para el bienestar común, incorporando el capital natural de forma indivisible. La ausencia de procesos coherentes, tanto sociales como políticos ha llevado a inconsistencias como las que se expresan en el uso del agua, del borde costero, en la expansión de ciudades, entregando decisiones al mercado, entre otras. Ante la crisis ambiental y sanitaria global, no podemos omitir los temas de desarrollo y justicia ambiental, por lo tanto, si queremos aportar a los contenidos ambientales de una futura Constitución, este debe ser un requisito.
Las malas decisiones han amplificado la vulnerabilidad de la población, convirtiendo a la naturaleza en una amenaza, en lugar de una herramienta para resolver nuestros grandes problemas hoy, cambio climático y reactivación económica. Por último, una construcción social requiere de una forma y aprendizaje distinto al actual, los mecanismos de resolución de problemas y propuestas de soluciones deben tener un espacio de gobernanza local, con diversas modalidades, respetando la interculturalidad, integrando el conocimiento. Para que ello sea efectivo debemos desarticular las trabas.
Un espacio de diálogo en torno a estos temas es el de la Red de Constitucionalismo Ecológico, un espacio diverso, inspirador, como la naturaleza, de la que somos parte. También la plataforma Recicla la Política ha hecho un llamado a los candidatos constituyentes para que lleven a la Nueva Constitución estos temas. Es de esperar que estas propuestas, concretas, sean consideradas por quienes tendrán la tarea de escribir la Nueva Constitución de Chile. Es la oportunidad de construir y consolidar, juntos y juntas un nuevo camino, dejando atrás las heridas, del suelo desgastado, de ríos heridos y de quienes esperan un espacio en justicia plena, nos hemos demorado mucho, vamos por ello de la mano de una nueva Constitución.
Alejandra Figueroa Fernández
Consultora y Presidenta de Corporación Capital Biodiversidad